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Hacienda fija en el 0,1 % la tasa de referencia del déficit para los Ayuntamientos en 2021

El Ministerio de Hacienda ha fijado en el 0,1 % la tasa de referencia del déficit para los Ayuntamientos en 2021, después de conocerse que la suspensión de las reglas fiscales permitirá a los ayuntamientos disponer de los remanentes.

La suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 202 permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería para colaborar en la reconstrucción económica y social ante la crisis socioeconómica generada por la COVID-19.

Aunque debido a la suspensión de las reglas fiscales no existirá una senda de estabilidad ni unos objetivos como tales, la ministra de Hacienda comunicó a los ayuntamientos unas tasas de referencia del déficit que permita servir de guía para poder elaborar los presupuestos municipales, según la cual la tasa de referencia del déficit se situaría en el 0,1 % para el próximo año.

Desde la FEMP han celebrado la suspensión de las reglas fiscales y la derogación de los objetivos de estabilidad, ya que permitirá la puesta en circulación de los casi 15.000 millones de remanentes de tesorería con que cuentan los Gobiernos Locales, lo que puede tener un efecto multiplicador que se traduzca en un incremento de hasta 2,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

El Gobierno afirmó que, en el caso de los ayuntamientos sin remanentes o en situación económica más complicada derivada de la caída de ingresos, estudia la posibilidad de crear un fondo que permita compensarles para que también reciban una financiación adicional.

Igualmente, se pretende elaborar una norma en la que queden recogidas cuestiones como el incremento de las entregas a cuenta, la liquidación de 2018 y la habilitación de un fondo de transporte.

En cualquier caso, el Gobierno no renuncia al principio de estabilidad presupuestaria y mantiene su compromiso con la consolidación fiscal. De hecho, la suspensión de las reglas fiscales no afecta a otras obligaciones como, por ejemplo, el cumplimiento del período medio de pago, que sigue vigente para evitar el aumento de la morosidad.

Montero incidió en la necesidad de un trabajo «conjunto y coordinado» de todas las Administraciones y, en especial, de las entidades locales que «actuarán con responsabilidad en el nuevo escenario de la suspensión de las reglas fiscales».

Asimismo, los alcaldes subrayaron que los Gobiernos Locales están preparados para elaborar y presentar proyectos y que tienen capacidad demostrada para gestionar con rapidez y eficiencia, cuestiones fundamentales cuando se trata de proyectos europeos, en especial en materias como agendas urbanas, energía sostenible o digitalización, porque gran parte de estas políticas pasan por el ámbito local.

Agencia Europa Press

Las tasas «Tobin» y «Google» entrarán en vigor en enero de 2021

El Pleno del Senado ya había aprobado a principios de mes los proyectos de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (tasa Google) y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (tasa Tobin), ahora tras su publicación definitiva el 16 de octubre, en el Boletín Oficial del Estado, entrarán en vigor a mediados de enero de 2021.

En concreto, en las dos leyes que se desarrollan estas dos nuevas figuras fiscales se fija su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, lo que se cumplirá a mediados de enero.

Se trata de las dos primeras modificaciones fiscales contempladas en el plan fiscal del Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Con la «tasa Tobin», el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2 % las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

Por su parte, la «tasa Google» gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la norma tendrá «carácter transitorio» hasta que se apruebe una normativa mundial o europea y que la liquidación no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre, lo que permite dar margen a que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20.

La tramitación de este nuevo impuesto se ha producido en medio de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales, llegando a fijar aranceles sobre Francia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que no se escatiman esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la tasa Google en el marco de la OCDE o el G20, pero aclaró que si no se logra un acuerdo internacional en este 2020, la UE aprobará una propuesta propia a principios de 2021.

Agencia Europa Press

El 61 % de las empresas prevé una caída de su facturación este año por el Covid-19

El 61 % de las empresas españolas esperan una caída de su facturación este año, marcado por el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19, frente al 19 % que prevén mantener sus ingresos y un 20 % que pronostica un incremento, según la segunda oleada del Estudio del Riesgo de Crédito en España impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, que permite comparar las actuales previsiones empresariales con las que expresaron durante el confinamiento de primavera.

En concreto, la oleada de otoño confirma el «fuerte» impacto en el desempeño empresarial, pero suaviza el golpe frente a las previsiones de primavera, cuando las empresas esperaban que la caída de ingresos alcanzase el 72 %.

Las previsiones sobre el impacto en la rentabilidad de este año muestran la misma evolución. Así, las empresas que prevén una caída de la rentabilidad se reducen al 48 %, 11 puntos menos que en primavera.

En ambas oleadas, los efectos económicos de la pandemia esperados por las empresas son más suaves sobre la rentabilidad que sobre los ingresos, un indicador del intenso trabajo que, según el análisis, está realizando el tejido empresarial sobre su estructura de costes para poder adaptarse a los nuevos niveles de actividad.

La oleada de otoño del Estudio de Riesgo de Crédito muestra un claro desplazamiento hacia 2021 de algunos de los efectos económicos de la pandemia.

Así, las perspectivas empresariales de ingresos durante el próximo ejercicio muestran un empeoramiento frente a la oleada de primavera, al tiempo que disminuyen 12 puntos, hasta el 43 %, el porcentaje de empresas que esperan crecimientos de la facturación y crece un punto, hasta el 25 %, el que prevé una caída de ingresos.

Agencia Europa Press

Bruselas emite bonos sociales para financiar el fondo de 100.000 millones contra el desempleo

La Comisión Europea emite bonos sociales para financiar el fondo de 100.000 millones de euros con el que contribuirá a aliviar el gasto de los Estados miembros en regímenes de protección del empleo, como los ERTE y la prestación por cese de actividad de autónomos en España.

La primera emisión de estos bonos sociales se llevó a cabo durante la segunda quincena de octubre, momento a partir del cual se puede traspasar los primeros tramos de estas ayudas a los Estados miembros. España recibirá en particular un préstamo 21.325 millones de euros con cargo a este instrumento europeo, bautizado como SURE.

Una vez captados los fondos en los mercados de capitales, serán transferidos a los gobiernos europeos que los hayan solicitado para cubrir un aumento del gasto público derivado de las medidas para contrarrestar el impacto económico de la pandemia, en especial los regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares.

En total, la UE ha dado luz verde a los créditos de 16 Estados miembros, que en conjunto ascienden a 87.400 millones. Bruselas propueso, además, prestar 504 millones a Hungría en un préstamo que todavía estaba pendiente de aprobación.

Por otro lado, la Comisión Europea ha adoptado un Marco de Bonos sociales con el objetivo de dar las garantías necesarias a los inversores que vayan a adquirir estos títulos de que los fondos movilizados se utilizarán con una meta «verdaderamente social»: paliar el impacto social de la pandemia y sus consecuencias en el mercado laboral europeo.

Con este Marco, los Estados miembros estarán obligados a informar sobre el destino de los fondos que han obtenido a través del SURE y sobre el impacto social de las partidas que han financiado. Así, Bruselas podrá demostrar a los inversores que se han empleado para «financiar programas con un impacto social positivo».

El Marco de Bonos sociales, ha añadido el Ejecutivo comunitario, se ha creado «respetando plenamente» los principios de los bonos sociales de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales y ha sido evaluado de forma independiente por Sustainalytics.

«La decisión de emitir los bonos SURE de la UE en forma de bonos sociales será un factor de cambio para el mercado mundial de bonos sociales. Al mismo tiempo, es una clara demostración del compromiso a largo plazo de la UE con una financiación sostenible», ha declarado el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn.

Agencia Europa Press